Alianza Internacional de Habitantes exige el ALTO a la violencia y desalojos
en Lof Paichil Antriao
Por: Avkin Pivke Mapu
La
Alianza Internacional de Habitantes (AIH) solicitó al
gobernador Sapag y al jefe de la policía de Neuquen, al intendente
y al comisario de Villa La Angostura: el ALTO a las violencias, a todos
los desalojos y a todos los fraudes inmobiliarios en contra del Lof Paichil
Antriao. Ademas exige "el reconocimiento del derecho a la tierra
de la comunidad Mapuche como pueblo originario y la abertura de una verdadera
mesa de diálogo y debate entre instituciones y comunidad". "Si
continuaran los desalojos y violaciones de los derechos humanos de esta
comunidad no dudaremos en poner en marcha una campaña de solidaridad
internacional exigiendo la intervención de las instituciones supranacionales
responsables". Advierte la AIH, miembro del Comité Consultivo
de Naciones Unidas sobre los Desalojos (AGFE de UN-Hábitat).
Buenos Aires, a 5 de Enero de 2010
Al Gobernador de Neuquen, Sr. Jorge Augusto Sapag
Al Jefe de Policía de la Provincia del Neuquén Crio. Gral.
Juan Carlos Lepen
Al Intendente de Villa La Angostura, Sr. Ricardo Alonso
Al Jefe de Policía de Villa La Angostura, Comisario Carlos Delgado
P.C.
A María José Lubertino, Presidenta INADI
A Yves Cabannes, Convenor Advisory Group on Forced Evictions UN-Habitat
A Raquel Rolnik, UN Special Rapporteur on Adequate Housing
Objeto: Solidaridad contra las violencias, intimidaciones y
violaciones de los derechos a familias mapuche de la comunidad Paisil
Antriao de Villa
La Angostura.
De nuestra consideración:
Os escribimos en nombre de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH),
red internacional de organizaciones sociales involucrada desde hace
años
en la defensa del derecho a la vivienda. En particular, estamos comprometidos
en la elaboración de iniciativas que eviten los desalojos. Asimismo
formamos parte del Comité Consultivo de Naciones Unidas sobre los
Desalojos (AGFE de UN-Hábitat) que hizo una misión a Argentina
en agosto de 2009.
Hemos recibido informaciones preocupantes de parte de las organizaciones
de la sociedad civil de Argentina, respecto de la situación de
indefensión en la que se encuentra la comunidad mapuche Paisil
Antriao de Villa La Angostura, victima de especulaciones inmobiliarias.
Por lo tanto os dirigimos a Ud. a fin de solicitar el ALTO a las violencias
y a los desalojos de esta comunidad.
Todas las familias interesadas viven en ese territorio (el lote 9) desde
más de un siglo, y ademas en 1902 las familias Paisil y Antriao
obtuvieron la titulación del terreno.
En los ultimos años, la comunidad fue victima de una escalada de
violencia e intimidaciones por parte de la administración local
y de los para-policiales que siguen presionando la comunidad tratando
de quitarle terreno.
Los primeros desalojos empezaron en 2007 cuando a través de un
vacío jurídico y falta de asistencia a los pobladores mapuche
se emitió una sentencia firme que preveía el abandono de
la tierra por parte de sus habitantes dentro de 15 días.
Después de ese tiempo los pobladores volvieron a ocupar sus casas
y se constituyeron en la Comunidad Mapuche Paisil-Antriao, para obtener
personalidad jurídica y ser reconocidos frente al Estado como Pueblo
Originario. La comunidad trata de reivindicar la propiedad del Lote 9
a través del cumplimiento de la Ley Nacional 26160 que declaró la
emergencia de los territorios indígenas en Argentina y que prevee
la participación indígena en el relevamiento técnico
jurídico catastal.
A este propósito les recordamos que Argentina ha ratificado y por
tanto tiene la obligación legal de respetar los Tratados y Convenciones
internacionales que reconocen y protegen el derecho a la vivienda, siendo
el desalojo sin realojo acordado una violación de:
la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada
y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 de
Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948;
el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) (Art.11), ratificado por Argentina el 19 de febrero
de 1968;
la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27), ratificado
por Argentina el 29 de junio de 1990;
la Convención por la eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (Art. 14 y 15), ratificado por Argentina el 17 de
julio de 1980;
la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34,
k), ratificada por Argentina el 19 de enero de 1956;
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26),
ratificada por Argentina el 14 de augusto de 1984;
el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos en el Área de Derecho Económico, Social y Cultural,
ratificado por Argentina el 17 de noviembre de 1988.
Subrayamos particularmente los Comentarios Generales N. 4 y N. 7 del
Comité de
las Naciones Unidas sobre los Derechos que afirman que cualquier forma
de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC. Subrayamos
que el respeto de esta normatividad internacional, inclusas las Observaciones
Generales del Comité DESC que son interpretaciones autoritativas
del PIDESC del cual Argentina es parte, tiene valor jurídico
predominante sobre otras normativas.
Ademas:
Considerando que la Ley Nacional 26160 declaró la emergencia de
los territorios indígenas en Argentina y que prevee la participación
indígena en el relevamiento técnico jurídico catastral.
Considerando también que la Constituciòn Argentina en
su art. 14 bis defiende los derechos de los ciudadanos, entre los cuales
se encuentra el derecho a tener una vivienda digna.
Como lo subrayado también por la misión de AGFE de UN-Hábitat
a Argentina de agosto de 2009, el desalojo sin realojo acordado es una
violación de la normativa legal y que todas las instituciones de
Argentina estan obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar
estos derechos para toda la población y a rendir cuentas periódicamente
a las instancias internacionales sobre las medidas adoptada para garantizar
su cumplimiento.
Por lo tanto le solicitamos tener en cuenta que esta normativa siempre
es vinculante y predominante en Argentina con respecto de otros derechos
y, por esta consideración, le exhortamos ejercer su competencia
por el respeto integral negando cualquier apoyo para desalojar de sus
viviendas a las familias involucradas.
Por eso, se da plena solidaridad a las familias afectadas por estas
violencias y se solicita el alto a todos los desalojos y a todas los
fraudes inmobiliarios,
el reconocimiento del derecho a la tierra de la comunidad mapuche como
pueblo originario y la abertura de una verdadera mesa de diálogo
y debate entre instituciones y comunidad.
Si continuaran los desalojos y violaciones de los derechos humanos de
esta comunidad no dudaremos en poner en marcha una campaña de solidaridad
internacional exigiendo la intervención de las instituciones
supranacionales responsables.
Cesare Ottolini - Coordinador general AIH
Pedro Franco - Coordinador AIH América Latina y Caribe
Cristina Reynals - Coordinadora Campaña Cero Desalojos Antena
Sur AIH
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