Presos por emboscada a fiscal:
Se
extiende secreto de investigación mientras continúan interrogatorios
y dificultades hacia familiares
Se incrementan las arbitrariedades judiciales contra los 12 mapuche encarcelados en Lebu y Concepción con la extensión del secreto de investigación a seis meses, nuevos interrogatorios y la negativa de trasladarlos a cárceles que están más cerca de sus familias.
El Juzgado de Garantía de Cañete extendió el secreto de investigación de 40 días a seis meses, en el proceso político-judicial por la emboscada al fiscal con dedicación exclusiva para reprimir el movimiento mapuche, Mario Elgueta, y su caravana policial, ocurrido en octubre de 2008, en el sector de Puerto Choque.
Desde el control de detención se habían decretado en principio 40 días de secreto, lo que fue denunciado por el abogado defensor Egon Matus, de la defensoría pública.
Este secreto significa que la defensa de los 12 mapuche imputados no tiene acceso alguno a los antecedentes de la investigación, lo que anula cualquier posibilidad de defensa por los próximos seis meses.
Esta medida proviene de la justicia civil, es decir, del Ministerio Público, organismo judicial del que dependen los fiscales, incluyendo a los que tienen por trabajo exclusivo reprimir al Pueblo Mapuche y a la fiscal regional Ximena Hassi, quien está a cargo del caso.
Los 12 comuneros enfrentan este montaje bajo los cargos de "homicido frustrado, robo con intimidación y asociación ilícita terrorista".
Justicia Militar
Por otro lado, cuatro de ellos, Luis Menares Chamilao, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo fueron paralelamente procesados por la Justicia Militar por los cargos de "maltrato de obra a carabineros y daños a vehículo fiscal".
La defensa ante la fiscalía militar fue asumida por los abogados Adolfo Montiel y Pablo Ortega, quienes junto al defensor público Egon Matus, evalúan solicitar la incompatibilidad ya sea de la justicia civil o de la militar, ya que no puden ser juzgados por los mismos hechos por dos tribunales distintos.
Alejamiento e interrogatorios
Los interrogatorios en el regimiento y en los cuarteles de la PDI, han continuado en los últimos días, donde deben soportar extensas horas engrillados, sin comida y sin respetar los días de visita. De hecho, el pasado martes, los familiares de Luis Menares y Ramón Llanquileo no pudieron verlos, perdiendo un día completo de trabajo en el campo y un viaje de más de cuatro horas perdido.
Asimismo, los familiares de Jonathan Huillical tuvieron que viajar por dos días desde Lonquimay, para llegar a la cárcel de Concepción para visitarlo por un par de horas. Jonathan estudiaba en Temuco, donde fue detenido, por lo que su traslado al penal de Concepción significa un enorme alejamiento de sus cercanos.
La justicia ha negado toda posibilidad de acercarlos, pese a las constantes solicitudes de traslado desde Concepción a Lebu y a Temuco en el caso de Jonathan. Al contrario, el Ministerio Público ha amenazado con un eventual traslado a cárceles de alta seguridad en Santiago o Valdivia.
Esta es una política represiva emergente en Chile, de alejar lo más posible a los presos de sus cercanos, con el fin de aislarlos con escasas visitas, amedrentando su moral, su ánimo y al final de castigarlos como puedan. Esto complementa las medidas de la ley antiterrorista, con la que podrían restringir visitas a antojo de la fiscalía.
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