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Corte suprema reconoce violento actuar de fiscal Cruz y sus lacayos contra comuneros de Arauco

La Corte Suprema de la justicia chilena acogió el recurso de amparo preventivo en favor del peñi Daniel Lincopan dirigente mapuche de la zona del lago Lleu Lleu, en Arauco, quien fue detenido de forma matonezca en Cañete, en el marco de la persecución contra el movimiento mapuche en la zona.

Los hechos se remontan al 23 de diciembre cuando desconocidos sin identificarse, detuvieron al peñi Lincopan, dirigente de la comunidad Juan Lincopan de Ranquilhue en Lleu Lleu, quien se desplazaba junto a su hija de 7 años, por el centro de Cañete. Los desconocidos más tarde fueron identificados como personal del Servicio de Inteligencia de Carabineros.

La orden de detención fue emitida por el fiscal antimapuche Andrés Cruz, con el objeto de interrogar al peñi, en el marco de la investigación por "asociación ilícita" en base a acciones de resistencia en la zona de Lleu Lleu. En la ocasión, el peñi fue derivado en contra de su voluntad, hasta la Fiscalía de Talcahuano donde permaneció por más de 5 horas.

La supuesta declaración de un testigo protegido menor de edad es el único sustento del fiscal para involucrar al peñi Lincopan y a varios de los presos políticos de Lleu Lleu que hoy estánencarcelados en Lebu, con medidas cautelares y en clandestinidad.

Esto dio paso a la presentación de un recurso de amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Concepción, recurso que fue rechazado el pasado 21 de enero, en primera instancia.

Frente a la negativa del tribunal de alzada, la familia del peñi recurrió a la Corte Suprema, organismo que hoy revocó la resolución de primera instancia acogiendo de paso el amparo preventivo en favor del dirigente y su familia.

La resolución de la Suprema señala que el Ministerio Público, a través del fiscal Andrés Cruz, dio una instrucción sin la autorización del juez de garantía competente, violando de esta forma la garantía constitucional de libre desplazamiento.

Frente a la evidente violencia en el actuar de los fiscales y sus policías, la justicia chilena no ve más que reconocer ciertos "errores de procediemiento" a modo de calmantes. A raiz de ello, la fiscalía argumentó un "error de tipeo" que llevó a confundir la voluntariedad para la declaración con la obligatoriedad que produjo la detención.

 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE LA JUSTICIA CHILENA:

Santiago, cuatro de febrero de dos mil diez.
A fojas 44: a lo principal y otrosí, téngase presente.

Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento sexto, que se elimina.
Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que la instrucción dada por el Ministerio Público cumplida por Carabineros de Chile - de ubicar, citar y trasladar al amparado Daniel Enrique Lincopan Retamal, desde la ciudad de Cañete a las dependencias de esa institución en Talcahuano, sin que mediara autorización dada por el Juez de Garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Procesal Penal.

Segundo: Que, de otra parte, tampoco se han allegado a los autos antecedentes que justifiquen la omisión de solicitar la autorización a que se ha hecho referencia, la que debía otorgar el Juez de Garantía respectivo.

Tercero: Que no obstante haber cesado la medida, por haberse vulnerado la libertad de desplazamiento, el presente recurso debe ser acogido para los efectos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido por el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de veintiuno de enero de dos mil diez, que se lee a fojas 28, y se declara que se acoge el amparo deducido en lo principal de fojas 1, decidiéndose que la referida instrucción dada por el Ministerio Público es ilegal.

Se confirma en lo demás apelado la señalada sentencia.

Acordada la revocatoria , contra el voto del Ministro señor Ballesteros, quien estuvo por confirmar la resolución apelada, en todas sus partes, en virtud a sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y devuélvase.

Pronunciada por la Sala de Verano de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Urbano Marín V., Rubén Ballesteros C., Juan Araya E., Haroldo Brito C., y la señora Rosa María Maggi D.

Santiago, 04 de febrero de 2010.

Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señora Carola Herrera Brümmer.

En Santiago, a cuatro de febrero de dos mil diez, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.